Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en el contrato firmado con la empresa Next Energy, el cual ascendió a 4,500 millones de pesos con un plazo de ejecución de 30 años. La decisión judicial se tomó tras una audiencia que inició a las 09:23 horas del 23 de marzo y se extendió hasta la madrugada del 24 de marzo en la ciudad de Mexicali, donde el magistrado Gerardo Anguiano Ceja evaluó los argumentos de la Fiscalía General del Estado y la defensa.
La acusación central gira en torno al contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, destinada originalmente a dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana, infraestructura que nunca fue construida. Según los datos duros de la investigación, el acuerdo contemplaba un pago mensual de alrededor de 123 millones de pesos, registrándose un desembolso inicial por ese mismo monto. La Fiscalía mantuvo un plazo de investigación de seis meses para reunir los elementos que derivaron en esta solicitud de vinculación.
Durante la audiencia, los defensores de Bonilla, Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentaron argumentos para contradecir la imputación de abuso de autoridad durante el mandato del exfuncionario. La defensa sostuvo que los pagos realizados a la empresa se efectuaron después de que Bonilla dejó la administración en octubre de 2021, especificando que las transferencias de 123 millones de pesos ocurrieron entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022. Además, los abogados argumentaron que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable, ya que el proyecto se trató de un contrato plurianual para la adquisición de un servicio y no de una adquisición de crédito fiscal.
El proceso judicial se desarrolla en un contexto de tensión política entre el exgobernador, quien actualmente funge como dirigente del Partido del Trabajo (PT), y la gobernadora en turno, Marina del Pilar Ávila, de Morena. Este caso marca un precedente al ser Bonilla señalado como el primer exgobernador surgido de la coalición morenista en enfrentar una acusación abierta de corrupción ante la justicia estatal.
Con la vinculación a proceso formalizada, el caso entra en una nueva fase legal donde se determinará la situación jurídica definitiva del implicado y se profundizará en la investigación sobre la operatividad de la empresa Next Energy y sus representantes, aunque la investigación actual no especifica si dichos actores también han sido vinculados. La resolución del juez de control da paso a la etapa de preparación para el juicio oral, donde se debatirá la validez de las pruebas presentadas por ambas partes.
