Ciudad de Mexico, 17 de junio de 2026.- El sistema de justicia en México dispone de protocolos, instrumentos legales y apoyos institucionales diseñados para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad participen plenamente en los procesos judiciales, afirmó Mario Daniel Barragán Rodríguez, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).
Al abordar las causas de la disparidad social, el juzgador señaló: “La desigualdad en México tiene un origen claro: las barreras sociales”. Explicó que “ningún sector es vulnerable per se”, pues dicha condición se genera cuando las estructuras y contextos sociales imponen límites u obstáculos que impiden el ejercicio libre y efectivo de los derechos humanos.
Para determinar el nivel real de desigualdad en casos concretos, la justicia penal aplica el criterio de “interseccionalidad”, el cual evalúa cuántas variables de vulnerabilidad convergen en una misma persona. Entre los grupos identificados como potencialmente vulnerables se encuentran mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, integrantes de comunidades indígenas y víctimas de delitos.
Barragán Rodríguez destacó que se ha abandonado el antiguo enfoque del “estado de interdicción” para adoptar una perspectiva social que implementa figuras como facilitadores e intérpretes, expandiendo así la capacidad de decisión de las personas. Subrayó que la vulnerabilidad no es una categoría fija, sino una condición dependiente del contexto en que se desenvuelven los individuos.
De acuerdo con el artículo primero de la Constitución Mexicana, los juzgadores están estrictamente obligados a aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, el juez indicó que si durante un proceso se detecta que no se respetó el contexto cultural o lingüístico de un imputado o víctima, el procedimiento debe reponerse para garantizar una defensa justa.
El TSJCDMX, cuyo magistrado presidente es Rafael Guerra Álvarez, cuenta con canales de orientación como la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos. Esta dependencia posee áreas especializadas para canalizar, brindar orientación y apoyar frente a cualquier práctica de discriminación o escenario de desigualdad.
