Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la explotación exclusiva del litio por parte del Estado mexicano, al declarar la constitucionalidad de las reformas a la Ley Minera que reservan este mineral estratégico para el sector público. La resolución, emitida este martes 24 de marzo, pone fin a la acción de inconstitucionalidad 78/2022 promovida por senadores de oposición que impugnaban la legislación aprobada en 2022.
El Pleno de la Corte actuó por unanimidad para avalar los artículos 1, 5 bis y 10 de la normativa vigente. Con esta decisión, se mantienen vigentes las disposiciones que prohíben la entrega de concesiones a particulares para la exploración y explotación del litio, así como la declaratoria de zonas de reserva minera para los yacimientos de este elemento. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra fungió como ponente del proyecto que fue aprobado sin votos en contra.
La sentencia confirma también la base legal para la creación de un organismo público descentralizado encargado de la gestión del litio en el país. Los magistrados determinaron que las reformas impugnadas no violan los derechos de propiedad ni las garantías constitucionales alegadas por los legisladores opositores que iniciaron el juicio, consolidando así el marco jurídico que establece el control estatal sobre la cadena productiva de este mineral utilizado en la fabricación de baterías.
Con este fallo, el máximo tribunal del país cierra la controversia jurídica que había mantenido en incertidumbre el régimen legal del litio desde la promulgación de la ley. La resolución obliga a que cualquier proyecto de extracción de este recurso se realice bajo la administración directa del Estado, sin participación de inversionistas privados mediante concesiones, tal como lo establece el texto reformado de la Ley Minera.
La validación de estos artículos representa un respaldo definitivo a la política energética y minera actual en lo que respecta a los recursos estratégicos. A partir de la notificación de esta sentencia, quedan sin efectos los argumentos de inconstitucionalidad planteados en la acción 78/2022, blindando jurídicamente la reserva estatal del litio frente a futuros desafíos en la misma vía.
