Tijuana, 02 de abril de 2026.- El juez de control Joel Chávez Castro determinó prisión preventiva oficiosa y justificada contra los abogados Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez López, tras vincularlos a proceso por los delitos de despojo de inmuebles, extorsión agravada y asociación delictuosa.
La resolución judicial se basó en la existencia de indicios razonados de que se cometieron dichos ilícitos en el fraccionamiento Laderas del Mar. Testigos reportaron que, entre el 24 de julio de 2025 y el 15 de marzo de 2026, sujetos armados ocuparon 40 unidades en obra negra y 11 viviendas terminadas del conjunto habitacional. Entre los ocupantes se identificó a los dos imputados, quienes utilizaban vehículos de lujo.
El juez otorgó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Respecto al inicio del caso, Joel Chávez Castro señaló: “Que hubiese muerto el administrador de la empresa no es impedimento para que la investigación hubiera iniciado”. Además, se documentó que el ofendido recibió amenazas de parte de Emmanuel Aurelio Valdez López, quien primero se acercó presencialmente a la víctima y posteriormente realizó llamadas telefónicas en varias ocasiones.
En un caso conexo de fraude inmobiliario en Coahuila, el secretario general de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que la administración estatal mantiene comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar apoyo en la expedición de una ficha roja. La Interpol tendría a su cargo la detención del extitular de la Notaría Pública Número 45, Fernando Nicolás ‘N’, quien aparentemente se encuentra en España.
Como resultado de las investigaciones, otros cómplices ya fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Un grupo de 27 afectados denuncia un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Sobre la situación del exnotario, Pimentel González declaró: “Gracias a eso nos pudimos dar cuenta de las irregularidades y se le retiró el fiat, el gobernador Manolo Jiménez tiene claro que no se pueden permitir irregularidades por parte de los notarios públicos”.
Se espera que antes del 15 de abril de 2026 se resuelva la restitución del daño patrimonial para las víctimas del fraude en Coahuila.
