Washington, 01 de abril de 2026.- El presidente Donald Trump ordenó a altos funcionarios revocar las protecciones de especies amenazadas en el Golfo de México, una medida justificada bajo lo que denominó “razones de seguridad nacional”, marcando la primera vez que se aplica dicha excepción.
Este martes, el comité de especies en peligro de extinción de Estados Unidos se reunió por primera vez en 35 años y aprobó por unanimidad retirar las limitaciones a las prospecciones de petróleo y gas en la zona. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, argumentó ante el comité que la exención era “una cuestión de seguridad nacional urgente”.
“Esto no se trata solo de los precios del gas. Se trata de nuestra capacidad para abastecer de energía a nuestras fuerzas armadas y proteger a nuestra nación”, declaró Hegseth. Como resultado de estas acciones, el gobierno de Trump podría acabar con decenas de especies protegidas, entre ellas el rorcual de Rice, del cual quedan menos de 100 ejemplares.
El comité está considerando exentar a la industria petrolera y de gas en el golfo de conducir a velocidades seguras y monitorear la ubicación de ballenas para evitar golpearlas y matarlas. Frente a esto, Collin O’Mara, presidente y CEO de National Wildlife Federation, advirtió: “La extinción es un precio inaceptable a pagar, especialmente cuando prácticas de sentido común, consolidadas desde hace tiempo, pueden garantizar que el desarrollo responsable de la energía y la recuperación de la fauna puedan coexistir”.
Por otro lado, en México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anuló los permisos que el proyecto turístico Baja Bay Club obtuvo a finales del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este consorcio buscaba instalarse en el Parque Nacional Cabo Pulmo, en una superficie de más de 600 hectáreas a 1.5 kilómetros del área protegida, con planes de construir 422 villas, 275 habitaciones de hotel, un club de playa, infraestructura para embarcaciones y un campo de golf.
Adicionalmente, la Semarnat negó la supuesta confiscación de instalaciones de Vulcan Materials en Quintana Roo, aclarando el alcance de sus acciones recientes en materia de protección ambiental.
