Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) emitió una resolución que confirma la existencia de infracciones constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género cometidas por el exgobernador Jaime Bonilla Valdez contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
La sanción del órgano judicial también se aplica al dirigente Alejandro Moreno Berry y el Partido del Trabajo (PT). El Tribunal determinó que los señalamientos realizados durante las denominadas Jornadas por la Paz vulneran la investidura de la gobernadora, al reproducir estereotipos de género y generar confusión deliberada sobre la titularidad y legitimidad del Poder Ejecutivo del Estado.
Las medidas dictadas por el Tribunal incluyen amonestación pública, registro de personas sancionadas en el Registro Nacional y Estatal correspondiente, y obligación de los sancionados de acreditar la toma de cursos de capacitación en perspectiva de género y derechos humanos.
En otro caso, la alcaldesa interina de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, fue víctima de consignas a favor de su adversario político, Raúl Morón Orozco, durante una visita al Senado de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las autoridades deberán determinar si los gritos de consignas en el Senado contra Grecia Quiroz fueron violencia política de género.
Sheinbaum señaló que “son temas políticos que tienen que ver con las disputas y más ahora que se viene el periodo electoral”. Respecto al proceso judicial contra Jaime Bonilla por el tema de la planta fotovoltaica de Net Energy, la mandataria evitó pronunciarse y se lo dejó a las autoridades de justicia.
Por otro lado, la diputada Ivonne Ortega denunció la falta de apoyo en la Cámara de Diputados para que continúe la investigación por violencia de género contra el diputado Cuauhtémoc Blanco. Ortega señaló que el exhorto que impulsa solo ha sido firmado por legisladoras de su partido, Movimiento Ciudadano.
El exhorto pide a la Fiscalía de Morelos que entregue el expediente penal, que no se congele el caso, que no tenga privilegio del fuero, dar seguimiento al proceso penal por presunta violación en grado de tentativa, garantizar el acceso a la justicia de la víctima y que se retome el tema de desafuero en Cámara de Diputados.
