Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma electoral conocida como Plan B, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque con una modificación sustancial: se descartó la propuesta de alterar el artículo 35 constitucional referente a la revocación de mandato. La decisión fue tomada tras una sesión marcada por negociaciones entre las fuerzas políticas de la coalición oficialista, donde el Partido del Trabajo (PT) condicionó su apoyo a la eliminación de dicho punto.
La minuta, que ahora regresa a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo, incluye cambios en los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Estas modificaciones se enfocan en medidas de austeridad, como la reducción de presupuestos para los congresos estatales y el propio Senado, así como el establecimiento de topes salariales para consejeros, magistrados y funcionarios electorales. El aval del PT fue determinante para alcanzar la mayoría calificada requerida, siempre bajo la condición de mantener las reglas actuales de la revocación de mandato.
Durante el debate, Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, confirmó en tribuna el arreglo político alcanzado. Anaya refrendó el apoyo de su bancada a la presidenta Sheinbaum y a las medidas de reducción de privilegios, pero dejó claro que no acompañarían la iniciativa en lo concerniente al mecanismo de consulta popular para evaluar el desempeño del Ejecutivo antes del cuarto año de gobierno. Esta postura implicó que la figura de la revocación de mandato permanezca en los términos vigentes, descartando la posibilidad de activarla en 2027.
En contraste con la posición del PT, legisladores de la oposición expresaron críticas hacia la iniciativa durante la discusión. Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, argumentó que el plan B carece de impacto positivo y desnaturaliza la figura de la revocación. Por su parte, representantes del Partido Acción Nacional (PAN) mantuvieron una postura de rechazo, cuestionando los motivos detrás de la reforma y señalando tensiones dentro del bloque oficialista respecto al alcance original de la propuesta presidencial.
Con la aprobación de esta versión modificada, el proceso de la reforma electoral avanza hacia su siguiente etapa en San Lázaro. El dictamen aprobado elimina la controversia sobre la fecha del mecanismo de rendición de cuentas, centrándose ahora exclusivamente en los ajustes financieros y estructurales propuestos inicialmente para los órganos legislativos y electorales del país.
