Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- La industria minera mexicana identifica una oportunidad para reactivar la exploración y otorgamiento de concesiones, impulsada por la necesidad de Estados Unidos de asegurar minerales críticos y la reciente claridad regulatoria tras la recuperación de predios incumplidos. Este escenario se desarrolla en un contexto de competencia global por recursos en fondos marinos y conflictos legales pendientes con empresas extranjeras.
Estados Unidos anunció en agosto un acuerdo de cooperación con las Islas Cook para explorar la minería de aguas profundas de nódulos polimetálicos, una estrategia que China también replicó al firmar un acuerdo similar para la indagación y gestión de recursos en el lecho marino de ese territorio. Yaxa Michel, presidenta de la Asociación Mexicana de Minerales Críticos, señaló que “hay otra sección del mar, cercana a México, que también podría tener estos nódulos polimetálicos”. Según la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), la extracción de estos nódulos no requiere excavación profunda y son más abundantes en la costa oeste del Pacífico mexicano.
En el ámbito terrestre, México dejó de otorgar concesiones mineras desde 2019. Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la superficie concesionada se redujo en 20%, hasta unas 16,8 millones de hectáreas. En febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó recuperar 1,126 concesiones en 889,512 hectáreas por incumplimientos, de las cuales cerca de 250,000 hectáreas se encontraban en áreas naturales protegidas.
Pedro Rivero, representante del sector, comentó: “Estamos en una posición en la que creemos posible que se vuelvan a otorgar concesiones mineras para volver a la exploración, que se ha reducido de forma importante en los últimos años”. Sobre las acciones gubernamentales recientes, Rivero añadió: “El Gobierno estaba un poco preocupado por la cantidad de área que se ocupaba… El esfuerzo que hizo el Gobierno federal ha servido para poder medir realmente cuánto hay, quién lo tiene, cuánto se está pagando en derechos (…) Hay mucha más claridad”.
Michel destacó la coyuntura geopolítica: “Tendríamos que voltear y ver las posibilidades que está abriendo el juego geopolítico actual para México. Si se impulsa toda la cadena de suministro, particularmente en el área de procesamiento, que es en donde China acapara la transformación en muchísimos minerales que son muy relevantes para nuestro vecino del norte”. No obstante, advirtió sobre las dificultades financieras: “Nos hemos dado cuenta de que el tema de la inversión es muy complicado. Podemos decir que sí hay inversión en lo que ya existe, los minerales clásicos como plata y cobre, pero no tanto en cosas nuevas”.
La reactivación ocurre mientras persisten conflictos legales. El caso de Vulcan Materials (antes Calica) se remonta a 2018, cuando la Profepa clausuró parcialmente su mina de piedra caliza en Quintana Roo. La empresa inició un arbitraje internacional contra México en 2019 bajo el TLCAN para reclamar 500 millones de dólares. En 2023, el gobierno mexicano respondió que el arbitraje era improcedente porque Vulcan actuó de mala fe. En 2024, un decreto declaró la zona como área natural protegida, impidiendo definitivamente la minería en el predio. La Semarnat estimó que el “costo social” para restaurar la zona impactada ascendía a 34 mil 650 millones 986 mil 364 pesos hasta noviembre de 2022.
En febrero de 2026, Estados Unidos y México firmaron un plan de acción para evaluar vías de colaboración más estrechas en la producción, refinación y comercialización de materias primas fundamentales, lo que podría influir en el futuro de las concesiones en el país.
