Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- Un informe coordinado por la Fundación Konrad Adenauer México calificó como una “simulación electoral” las elecciones judiciales realizadas en junio de 2025, debido a las irregularidades, la falta de transparencia y un diseño que orientó los resultados hacia los intereses del Gobierno federal.
El estudio, titulado “Elecciones Judiciales 2025: Balance Crítico”, fue elaborado en conjunto con organizaciones como México Evalúa, Juicio Justo, el Centro para la Investigación de Crímenes Atroces, Diálogo Judicial y Laboratorio Electoral. El documento de más de 200 páginas concluye que el proceso estuvo marcado por la improvisación de las autoridades competentes y reglas poco claras que generaron desconfianza ciudadana.
Los datos duros presentados en la investigación revelan que la participación ciudadana alcanzó apenas el 13% del censo electoral, lo que equivale a cerca de 13 millones de personas. Los autores del estudio consideran que esta baja afluencia es evidencia de que el mecanismo estuvo mal diseñado y organizado, fallando en su objetivo de legitimar la elección popular de jueces y magistrados.
Entre los hallazgos centrales, el informe destaca que todos los jueces electos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuentan con respaldo del Gobierno. Asimismo, el 65% de los magistrados federales y el 42% de los juzgadores federales elegidos también fueron respaldados por el Ejecutivo, lo que sugiere ventajas estructurales para ciertas candidaturas durante el proceso.
Juan Pablo Campos, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México, figura como coordinador del estudio y parte de los involucrados en la presentación de estos resultados. La investigación sostiene que estas condiciones provocaron una subordinación del Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo, consolidando un modelo que los expertos aseguran no funciona.
Ante este escenario, los investigadores emitieron recomendaciones para los próximos comicios judiciales previstos para 2027. Entre las propuestas se encuentran reducir el número de cargos en juego, prohibir las candidaturas únicas impulsadas por los tres poderes del Estado, simplificar el diseño de las boletas y tipificar como delito la fotografía o video de papeletas ya rellenadas.
