Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal envió al Senado de la República el denominado Plan B de reforma electoral, centrado en medidas de austeridad y recortes presupuestales, luego del rechazo de la reforma constitucional original en la Cámara de Diputados. La iniciativa, presentada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ desde Palacio Nacional, establece un máximo de 15 regidurías municipales y un tope del 0.7% del gasto estatal para congresos locales, además de una reducción progresiva de hasta 15% en el gasto del Senado y la elección de 850 juzgadores del Poder Judicial en 2027.
La propuesta se enmarca dentro de la política de ‘austeridad republicana’ promovida por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca implementar cambios que no requieren una reforma constitucional completa. El Plan B surge como respuesta al rechazo legislativo de una iniciativa más amplia que pretendía reducir el número de legisladores plurinominales y el financiamiento a partidos políticos.
Entre las medidas específicas destacan la reducción del número de regidurías municipales, que quedará entre 7 y 15 dependiendo del tamaño del municipio, y la implementación de un tope presupuestal estricto para los congresos locales. El Senado también verá una reducción progresiva de sus gastos operativos que podría alcanzar hasta el 15%.
La inclusión de la elección de juzgadores para 2027 generó reacciones inmediatas en la clase política. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, ya se pronunció al respecto, aunque no se especificó el contenido de su declaración. La medida representa una decisión firme frente a análisis previos que consideraban posponer esta elección hasta 2028.
El contexto político indica que esta iniciativa podría encontrar diferentes niveles de aceptación en el Senado, donde se requerirá construir consensos con otros partidos políticos. La falta de posturas oficiales detalladas de fuerzas como Morena, PAN, PRI, PRD, PT y PVEM deja abierto el escenario de negociaciones que determinarán el futuro de esta reforma.
El Plan B electoral se presenta como una alternativa viable para implementar cambios sustanciales en el sistema político mexicano, manteniendo el espíritu de transformación que caracteriza a la Cuarta Transformación, pero adaptándose a las realidades políticas y legislativas actuales.
