Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de México presentó este viernes una actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), donde se detalla que de un registro histórico total de 394,645 personas entre 1952 y 2026, actualmente 132,534 mantienen el estatus de desaparecidas. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desglosó las cifras revelando que únicamente 3,869 carpetas de investigación han sido abiertas para atender estos casos.
De las 132,534 personas desaparecidas, el gobierno precisó que 130,178 corresponden a casos posteriores a 2006. Esta cifra se divide en tres grupos según la calidad de la información disponible: 46,742 casos (36%) no cuentan con datos suficientes para iniciar labores de búsqueda; 40,308 casos (31%) poseen datos suficientes y presentan actividad posterior al reporte; y 43,128 casos (33%) tienen registros completos pero sin actividad reciente. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la complejidad y dificultad que implica buscar a las personas clasificadas en el grupo con datos insuficientes.
En cuanto a las personas localizadas, el registro histórico indica que se ha dado con el paradero de 262,111 individuos, lo que representa el 66% del total acumulado. De este universo, 240,211 fueron encontradas con vida (92%) y 21,900 sin vida (8%). Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, explicó que estas cifras se dan en el marco de la reforma legal de 2025, la cual establece la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte de desaparición y exige la inclusión de datos mínimos para los registros.
Ante la disparidad entre el número total de personas desaparecidas y la cantidad de carpetas de investigación activas, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, exigió transparencia respecto a la metodología utilizada para la elaboración del informe. La legisladora expresó su preocupación por la baja cifra de apenas 3,869 carpetas abiertas frente a la magnitud de la crisis de desapariciones reflejada en el registro nacional.
La presentación de estos datos ocurre en un contexto donde la administración federal busca dar cumplimiento a las nuevas obligaciones legales establecidas el año previo, aunque persisten cuestionamientos sobre la capacidad operativa para transformar los registros administrativos en investigaciones judiciales efectivas. El gobierno mantiene el compromiso de continuar con la depuración y categorización de los expedientes para mejorar las estrategias de búsqueda y localización.
