Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en Morelia giró este viernes 16 órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad derivados de un operativo registrado el 5 de abril de 2017 en la comunidad purépecha de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, confirmó los mandamientos de captura según medios locales. La investigación documentó la actuación de la policía estatal durante el operativo que dejó un saldo de cuatro muertes, 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias.
Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal intentaron levantar un bloqueo carretero en Arantepacua y recuperar vehículos retenidos por la comunidad. De acuerdo con reportes, una disputa por 512 hectáreas de bosque desató los hechos violentos que culminaron con la intervención policial.
Las órdenes de aprehensión contemplan prisión preventiva de oficio para los delitos de homicidio calificado y tortura, lo que impediría a los implicados enfrentar el proceso penal en libertad. Los dos primeros mandamientos van dirigidos contra Aureoles Conejo y Corona Martínez, mientras que las 14 restantes corresponden a policías estatales que presuntamente participaron en el operativo.
Esta no es la primera situación legal que enfrenta el exmandatario estatal. Aureoles Conejo ya tenía antecedentes de órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero relacionados con la construcción de cuarteles policiales durante su gestión, por lo que se le considera prófugo de la justicia.
El caso permaneció durante años en exigencia de justicia por parte de las víctimas y organizaciones civiles, quienes han realizado manifestaciones para expresar su reclamo por lo ocurrido en la comunidad indígena. Con la integración de nuevos elementos probatorios, el juez determinó que existen indicios suficientes para proceder penalmente contra los funcionarios de la administración estatal de ese periodo.
