Giran 16 órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles y exfuncionarios por operativo en Arantepacua

Giran 16 órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles y exfuncionarios por operativo en Arantepacua

Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en Morelia giró este viernes 16 órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Los mandamientos judiciales responden a un operativo policial realizado el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena purépecha de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, dicha intervención derivó en cuatro personas fallecidas, 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias.

Carlos Torres Piña, titular de la fiscalía estatal, confirmó la emisión de las órdenes de captura, las cuales incluyen prisión preventiva de oficio para los delitos imputados de homicidio y tortura. Además del saldo mortal, el operativo de 2017 dejó un registro de siete policías heridos durante los enfrentamientos registrados al intentar levantar un bloqueo carretero en la localidad.

Silvano Aureoles Conejo ya enfrentaba una orden de aprehensión federal desde 2023 por un presunto desfalco millonario relacionado con la construcción de estaciones de policía durante su mandato, motivo por el cual se le considera prófugo. La nueva acción judicial busca responsabilizar penalmente a los principales mandos de la administración estatal y a elementos operativos por las violaciones a derechos humanos documentadas en el caso de Arantepacua.

Las autoridades judiciales no han especificado el nombre del juez que libró las órdenes ni el estado procesal actual de los 14 agentes policiales señalados. Con esta determinación, la Fiscalía General del Estado da curso a las exigencias de justicia planteadas por familiares de las víctimas y organizaciones civiles tras casi nueve años de los hechos.

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