Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por presuntamente traficar armas de fuego hacia México para abastecer a los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS). La imputación detalla que los sospechosos realizaron ventas ilegales en cinco ocasiones distintas entre febrero y mayo de 2025, operando desde la zona de Phoenix, Arizona.
Según los cargos presentados por las autoridades federales estadounidenses, Gray es identificado como el propietario del negocio ‘Grips by Larry’. La investigación señala que este establecimiento se ubicaba a menos de 15 minutos de distancia de la frontera con Naco, Sonora, lo que facilitaba el traslado del armamento hacia territorio mexicano. Aunque algunas fuentes periodísticas iniciales mencionaban solo a Gray como implicado, la acusación oficial incluye también a Weinberger como parte de la red de distribución.
Este caso representa una de las primeras aplicaciones de cargos criminales por apoyo material al terrorismo contra un armero, luego de que el Departamento de Estado de EE.UU. designara oficialmente al CJNG y al CDS como Organizaciones Terroristas Extranjeras en febrero de 2025. La estrategia legal busca endurecer las penas contra quienes proveen insumos bélicos a estos grupos, aprovechando la nueva clasificación jurídica de las bandas criminales.
Las autoridades no han divulgado aún la identidad de los intermediarios o ‘compradores de paja’ que habrían adquirido las armas en nombre de los cárteles, ni han especificado el destino exacto de los arsenales dentro de la República Mexicana. La información disponible se limita a la frecuencia de las operaciones ilícitas y la vinculación directa con las dos organizaciones criminales más poderosas del país vecino.
De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan rangos de sentencia que oscilan entre 10 y 20 años de prisión por cada delito comprobado. La presentación de estos cargos ocurre en un contexto de endurecimiento de la política de seguridad fronteriza y cooperación judicial entre ambos países para frenar el flujo de armamento de alto calibre hacia las plazas criminales en México.
