Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Especialistas en materia electoral y académicos alertaron sobre los posibles efectos regresivos del llamado ‘Plan B’, la nueva propuesta de reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual fue recibida este martes por el Senado de la República tras el rechazo de la iniciativa original en la Cámara de Diputados. Las críticas se centran en la modificación de las reglas para la revocación de mandato y la reducción de recursos para los órganos legislativos, mientras el gobierno defiende la medida como un acto de austeridad republicana.
José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), junto con Javier Martín Reyes y Tito Garza Onofre, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participaron en un análisis donde coincidieron en que la actual propuesta rompe con la lógica histórica de consenso que caracterizó a reformas previas en 1994, 1996, 2007 y 2014. Según los especialistas, el ‘Plan B’ podría derivar en una oportunidad para realizar publicidad electoral a favor de la mandataria, manteniendo elementos que consideran perjudiciales para la democracia mexicana.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo federal, busca modificar diversos artículos de la Constitución para reducir privilegios de la alta burocracia y fortalecer la democracia directa. Entre los puntos centrales destaca la obligación de que el Senado y otros entes públicos ajusten su presupuesto en un 15 por ciento a partir del siguiente ejercicio fiscal respecto al aprobado en 2026. Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, calificó la propuesta como noble para el pueblo y la democracia participativa, argumentando que los funcionarios deben ser congruentes con el principio de austeridad.
En cuanto a la revocación de mandato, el documento plantea que el pueblo cuente con un instrumento constitucional garantizado para remover a gobernantes que no procuren el bienestar de la población o atenten contra el interés nacional de manera institucional y pacífica. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente esta herramienta frente a las críticas de la oposición, señalando que algunos cuestionamientos tienen un trasfondo machista y buscan restarle autonomía política al sugerir que actúa bajo influencias externas.
El texto de la reforma también propone modificar el artículo 134 constitucional para alinear las remuneraciones de todo ente público federal, estatal y municipal a los límites del artículo 127, además de prohibir la contratación de seguros de ahorro privados con recursos del Estado, salvo excepciones derivadas de leyes o contratos colectivos. El objetivo declarado es acabar con prebendas y corrupción, asegurando que el gobierno no sea una carga para el pueblo y que los ahorros se destinen a quienes más lo necesitan.
Paralelamente a la discusión legislativa, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos por las medidas de seguridad aplicadas en 40 de sus inmuebles, las cuales han sido criticadas por limitar el trabajo periodístico. Mientras la iniciativa avanza en las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado, encabezadas por Enrique Inzunza y Oscar Cantón Zetina respectivamente, el debate se perfila como una definición profunda sobre el tipo de democracia y las reglas del juego político para los próximos años en México.
