Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas y autoridades de tres estados denunciaron este domingo la grave situación de violencia e inseguridad que mantiene a comunidades en desplazamiento forzado y sin respuesta sobre sus seres queridos. Los casos abarcan desde ocho desplazados fallecidos al regresar a sus hogares en Sinaloa, hasta exhumaciones pendientes en Morelos y desapariciones sin avances en Coahuila.
Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, criticó el manejo de los retornos de familias desplazadas a sus comunidades. Señaló que no se acatan los protocolos establecidos y denunció la muerte de ocho desplazados que regresaron a sus hogares, sin que se especifiquen las causas de los fallecimientos.
En Morelos, Fernando Blumenkron, fiscal general del Estado, confirmó que el lunes posterior al 21 de marzo iniciarían formalmente los trabajos de exhumación en la fosa común del panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en Jojutla. Esta reactivación llega tras un año de suspensión de los trabajos en la zona.
El colectivo Familias por Policías Municipales Desaparecidos, representado por Cristian Eduardo Castro Cigala, solicitó integrarse a las plenarias estatales en Coahuila. Fueron informados que su petición está en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para su visto bueno, sin que se confirme si fueron finalmente integrados.
Luz Flores Peña, madre de Julio Villagrana Flores, relató que su hijo, policía municipal, desapareció hace 15 años tras ser arrestado por autoridades policiales en Torreón. Expresó que el expediente no presenta avances, lo que refleja la impunidad que persiste en casos de larga data.
La Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila emitió una alerta para localizar a Natali Camila Sánchez Cisneros, de 14 años, desaparecida el 20 de marzo en Saltillo. Paralelamente, Elena Cruz Ramírez, madre de Mauricio Vázquez Cruz, denunció la desaparición de su hijo desde el 20 de diciembre de 2025 en Navolato, Sinaloa, y la falta de avances y apoyo de las autoridades.
Estas problemáticas distintas pero relacionadas con la violencia e inseguridad en tres estados evidencian la crisis humanitaria que enfrentan las familias de personas desaparecidas y comunidades desplazadas, con casos que van desde desapariciones recientes hasta investigaciones estancadas por más de una década.