Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California vinculó a proceso a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de la entidad y actual dirigente estatal del Partido del Trabajo, por delitos relacionados con la contratación de la empresa Next Energy para un proyecto de planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se construyó. La decisión fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja después de una audiencia que se prolongó por casi 24 horas, iniciada el 23 de marzo.
La Fiscalía General del Estado de Baja California imputó a Bonilla Valdez los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, en calidad de coautor y atribuyéndole dolo en las decisiones que derivaron en el contrato cuestionado. El proyecto Next Energy comprometía a la administración estatal a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que representaba un desembolso total de 35 mil millones de pesos garantizados con aportaciones federales.
Según la investigación fiscal, la garantía económica fue fijada alrededor de 100 mil pesos, y se estableció un plazo de investigación complementaria de seis meses para continuar con el proceso judicial. El expediente señala que el contrato para la planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali fue firmado durante la gestión de Bonilla, quien fue gobernador de Baja California de 2019 a 2021.
Existen contradicciones clave en el caso. Bonilla argumenta que el pago de 123 millones vinculado al proyecto se realizó entre enero y febrero de 2022, cuando él ya no estaba en funciones, mientras la Fiscalía lo acusa por delitos cometidos durante su gestión. Además, el exgobernador afirma que su gobierno sólo pagaría por un servicio y no construiría la planta, mientras las acusaciones señalan irregularidades en permisos y compromisos financieros.
La vinculación a proceso concentra atención mediática y política por la magnitud financiera del contrato y el impacto potencial sobre el presupuesto estatal y federal. La revisión judicial busca determinar la responsabilidad del exmandatario en la ejecución y contratación del proyecto, así como los posibles efectos de su gestión sobre las finanzas estatales de Baja California.
La audiencia continúa para determinar las medidas cautelares que se aplicarán a Bonilla Valdez. El caso se produce en un contexto de seguimiento a contratos públicos y transparencia en proyectos energéticos, y refleja la investigación de acciones durante su administración enfocadas en el manejo de recursos públicos y la correcta aplicación de facultades gubernamentales.
