Por Luis Martínez Alcántara
Un juez federal en Seattle, John Coughenour, bloqueó temporalmente el decreto del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos.
Esta medida firmada el día de su juramentación, fue calificada como “descaradamente inconstitucional” porque contradice la Decimocuarta Enmienda de la Constitución que garantiza desde 1868 la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
El fallo judicial responde a una demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que argumentaron que el decreto viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Además, organizaciones de derechos civiles como la ACLU se unieron al litigio, señalando que la orden ejecutiva afectaría a cientos de miles de niños nacidos en el país. El juez emitió una orden de restricción temporal que impide implementar la medida al menos durante dos semanas.
El decreto de Trump buscaba redefinir el principio del ius soli o derecho de suelo, una práctica vigente en más de 30 países. Según el texto del decreto, solo serían reconocidos como ciudadanos los hijos de padres con ciudadanía o residencia legal permanente. La medida excluía incluso a hijos de personas con visas temporales y habría impedido a estos niños obtener pasaportes o acceder a derechos básicos.
El Departamento de Justicia defendió la orden ejecutiva argumentando que los estados demandantes no tenían motivos suficientes para intervenir en el caso. Sin embargo, testimonios de mujeres embarazadas y grupos activistas mostraron cómo esta medida podría impactar directamente a miles de familias. Expertos anticipan una prolongada batalla legal que podría llegar hasta el Tribunal Supremo, donde los jueces conservadores podrían jugar un papel clave.
