Ciudad De México, 16 de abril de 2026.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos enmendó, el 15 de abril de 2026, la orden restrictiva que pesaba sobre CIBanco. La modificación permite ciertas transferencias de fondos consideradas necesarias para concluir el proceso de liquidación de la institución en México, el cual fue asumido por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
De acuerdo con la información disponible, la licencia de operación de CIBanco fue revocada en octubre de 2025 a solicitud del propio banco. Previamente, el 25 de junio de 2025, FinCEN identificó a CIBanco como institución de ‘preocupación principal’ en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides. La agencia documentó que la entidad mantuvo un patrón prolongado de vínculos, transacciones y servicios financieros que facilitaron el tráfico ilícito por parte de organizaciones criminales con base en México, entre ellas el Cártel Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Entre los hallazgos detallados por FinCEN se encuentra que un empleado de CIBanco facilitó de manera deliberada, en 2023, la apertura de una cuenta con el propósito de lavar 10 millones de dólares en nombre de un integrante del Cártel del Golfo. Asimismo, entre 2021 y 2024, el banco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas con sede en China vinculadas al envío de precursores químicos a México para fines ilícitos.
Tras las órdenes de junio de 2025, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam. Posteriormente, CIBanco presentó el 17 de agosto de 2025 una demanda civil ante el Tribunal del Distrito de Columbia de EE.UU. A finales de agosto de 2025, ambas instituciones vendieron parte de sus negocios a otras entidades financieras tras las sanciones norteamericanas.
La modificación de la orden del FinCEN solo permite operaciones que sean ‘inherentes y necesarias’ para concluir la liquidación. El IPAB informó que la decisión prevé establecer una excepción a las medidas que restringen las transferencias de fondos. FinCEN señaló: “Todas las transferencias de fondos prohibidas por la presente orden, que sean habitualmente inherentes y necesarias para que el Gobierno de México liquide CIBanco, quedan autorizadas, siempre que el liquidador designado por el Gobierno de México haya determinado que dicha transferencia de fondos es necesaria para liquidar CIBanco, y la transferencia de fondos no esté prohibida por la ley”.
Antes de su intervención, el grupo CIBanco contaba con más de 40 mil clientes y activos superiores a 143 mil millones de pesos. La institución tenía más de 200 oficinas y 3 mil empleados en el país.
