Ciudad De México, 11 de junio de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la designación de Mario Alberto Alejo García como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE). Cinco de los seis magistrados que integran el órgano avalaron el nombramiento realizado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
Los magistrados Gilberto Bátiz, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Claudia Valle y Mónica Soto votaron a favor de la ratificación. En sentido contrario se pronunció el magistrado Reyes Rodríguez, quien lamentó que el tribunal no realizara una revisión a fondo del perfil del designado.
La resolución responde a las impugnaciones presentadas por tres consejerías del INE: Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz. Los inconformes señalaron que la ley exige que la persona titular de la UTF acredite al menos cinco años de experiencia como directivo en fiscalización electoral, requisito que, según su postura, Alejo García no cumple.
Sin embargo, el TEPJF consideró suficiente la trayectoria del funcionario, quien fue ex asesor del consejero Jorge Montaño y ha desempeñado tareas en el Congreso de Tabasco, además de otros cargos en ámbitos estatal y municipal. El magistrado presidente, Gilberto Bátiz, expuso que “en el dictamen (del INE) se advierte que está colmado el requisito, ya que las actividades realizadas por la persona designada son susceptibles de considerarse equiparables a una responsabilidad directiva, toda vez que son puestos del servicio público en los que se analizaron temas relacionados con la fiscalización, tanto en un Congreso local como en el INE”.
Por su parte, Reyes Rodríguez sostuvo que el nombramiento de Taddei fue “autoritario” y mencionó dos precedentes, en 2009 y 2017, donde la Sala Superior sí analizó el perfil de la persona nombrada con base en “documentos y razones suficientes”. El magistrado disidente señaló que Alejo García tiene antecedentes de asesor parlamentario, secretario técnico de una comisión legislativa y asesor de un consejero, mas no experiencia de cinco años en puestos de mando en la materia.
Tras el fallo, el consejero Martín Faz advirtió que la resolución sienta un mal precedente sobre los requisitos legales y profesionales exigibles para cargos públicos altamente especializados.
