Por Redacción
Torreón, 21 de marzo de 2026.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Torreón se manifestaron este sábado frente a la presidencia municipal para denunciar presuntos actos de corrupción y hostigamiento laboral dentro de la Tesorería, específicamente en el área de Ingresos. Los empleados acusaron que personal contratado externamente está realizando las funciones que les corresponden, lo que les impide trabajar y, según afirman, facilita la comisión de irregularidades con dinero recuperado de deudores del impuesto predial.
Rosalva Rodríguez, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio Público del Estado de Coahuila (SUETSRT), encabeza las protestas donde los trabajadores señalaron que existen “tranzas” con los fondos recaudados. La inconformidad surge tras reacomodos en la Dirección de Ingresos, donde el personal externo y el subdirector Miguel Ramos permanecen en las oficinas de la Plaza Mayor, mientras que las oficinas de Rezagos y Notificaciones se ubican en el edificio del antiguo Banco de México, en avenida Morelos y calle Cepeda.
Ante las acusaciones, el alcalde Román Alberto Cepeda González reconoció la inconformidad pero la atribuyó a “ajustes” implementados para mejorar la eficiencia del área de Ingresos. El edil respaldó al director Roberto Barrios y negó que exista un riesgo laboral para los trabajadores sindicalizados, calificando las denuncias de corrupción como “argumentos que se respetan y validan”, aunque insistió en que se trata de consecuencias derivadas de los reordenamientos administrativos.
Los sindicalizados buscaron una audiencia con el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, y con el tesorero Javier Lechuga Jiménez, para exponer su caso y solicitar intervención ante lo que consideran una violación a sus derechos laborales y una opacidad en el manejo de los recursos municipales. Hasta el momento, no se ha divulgado el resultado de dicha solicitud ni una respuesta específica de los directivos Roberto Barrios y Miguel Ramos frente a las imputaciones.
El conflicto se da en un contexto de crecimiento significativo en el presupuesto municipal. Mientras que en 2022 el presupuesto ejercido fue de 2 mil 850 millones de pesos, la administración actual maneja un presupuesto para 2026 de casi 6 mil millones de pesos. Los trabajadores mantienen su postura de que la introducción de personal externo sin claridad en su procedencia y funciones es el mecanismo que permite las supuestas desviaciones de recursos.
La investigación señala que faltan detalles específicos sobre la naturaleza exacta de los “ajustes” mencionados por el alcalde, así como evidencia concreta documental de los actos de corrupción denunciados. Asimismo, se desconoce el número exacto de trabajadores afectados por estas medidas y los montos específicos o casos particulares de las supuestas irregularidades con el predial que motivaron la protesta en la sede del gobierno local.
