Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que enviará al Congreso de la Unión un nuevo paquete de reformas electorales, conocido como “Plan B”, enfocado en reducir los presupuestos de los congresos locales y el número de regidores en los municipios, con el objetivo de reorientar esos recursos hacia obras públicas en estados y alcaldías. La propuesta, que cuenta con el aval de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), se presentará formalmente este martes 17 de marzo y se estima que generaría un ahorro aproximado de 4,000 millones de pesos.
El anuncio se produce tras el rechazo, el pasado 11 de marzo, de una iniciativa de reforma electoral más amplia —el llamado “Plan A”— en la Cámara de Diputados, donde incluso los aliados PT y PVEM votaron en contra. Según análisis editoriales, aquellos partidos habrían rechazado la propuesta original por temor a un escenario de partido hegemónico y a poner en riesgo su propio registro. El nuevo acuerdo con estas fuerzas se cerró durante el fin de semana previo al anuncio.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que la nueva iniciativa busca “reorientar el presupuesto de los congresos locales, del Senado y reducir regidores, para que esos recursos se queden en los municipios y en los estados para obra pública”. La mandataria reiteró que los fondos liberados con estas medidas serán “etiquetados” específicamente para infraestructura, aunque no precisó el mecanismo legal para garantizarlo.
Un reporte periodístico ilustra el impacto de los costos legislativos con ejemplos concretos: en Baja California, el costo por diputado local asciende a 34 millones 867 mil 503.28 pesos, mientras que en Colima la cifra es de 5 millones 170 mil pesos. La propuesta no incluye, al menos en esta fase, cambios controversiales a nivel federal como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos o modificaciones sustanciales al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instituciones que, según un análisis, quedarían “salvadas” en este Plan B.
No obstante, Sheinbaum dejó claro que su gobierno mantendrá el objetivo de “reducir privilegios a los partidos políticos”, una meta que, según sus palabras, no se logró incluir en la propuesta actual. “Seguiremos insistiendo en disminuir el ingreso económico a los partidos políticos”, afirmó. La iniciativa anterior, según se analiza, contemplaba reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes, un punto que fue descartado en la nueva negociación.
La presentación de este Plan B marca un giro táctico del gobierno federal, que opta por una reforma más acotada y menos conflictiva a nivel federal, tras el revés legislativo de la semana pasada. El enfoque en los ámbitos estatal y municipal podría encontrar menos resistencia política inmediata, aunque también ha sido caracterizado por algunas voces editoriales como una “carga de austeridad” para estados y municipios que vulnera el federalismo. El proceso de aprobación en el Congreso, así como la postura detallada de los partidos de oposición, están pendientes de definirse.
