Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, sentenciado como el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, al definir el crimen de 1994 como un asunto de Estado que no puede ser resuelto mediante beneficios penitenciarios. La declaración de la jefa del Ejecutivo se da en el marco de la reapertura de investigaciones judiciales y el debate público sobre la responsabilidad histórica del magnicidio.
La postura de Sheinbaum contrasta con las recientes afirmaciones de Luis Donaldo Colosio Riojas, senador y hijo de la víctima, quien ha señalado que la Presidenta cuenta con la facultad legal para conceder el indulto, pero carece de la voluntad política para hacerlo. Ante esto, la mandataria enfatizó que la gravedad del hecho, que marcó la vida política de México hace más de tres décadas, impide cualquier tipo de clemencia ejecutiva.
En su intervención, Sheinbaum también hizo referencia a la trayectoria política de Colosio Riojas, cuestionando con ironía su aspiración a la gubernatura de Sonora a pesar de haber sido electo senador por el estado de Nuevo León. Este intercambio de declaraciones ocurre en un contexto de tensión, donde el legislador ha acusado al régimen actual de utilizar el caso para generar ruido político y justificar acciones administrativas.
El caso judicial mantiene vigentes interrogantes sobre la autoría intelectual y material del crimen. Documentos del Poder Judicial de la Federación, citados por medios de comunicación, indican que se ha reaperturado la investigación para esclarecer la participación de un presunto segundo tirador, identificado como Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El procedimiento legal relacionado con Sánchez Ortega se encuentra actualmente en suspenso.
A pesar de las teorías que han surgido a lo largo de los años sobre una conspiración mayor, la Fiscalía General de la República no ha mencionado oficialmente que se haya tratado de un complot en sus comunicaciones recientes. La investigación continúa su curso mientras la familia Colosio y el gobierno federal mantienen posturas divergentes sobre el manejo jurídico y político de uno de los crímenes más relevantes de la historia contemporánea de México.
