Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, el hombre condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y calificó el crimen ocurrido hace 32 años como un asunto de Estado que no puede resolverse mediante figuras de clemencia. La declaración se produce en un contexto de tensión entre el Ejecutivo federal y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ha solicitado el beneficio legal para el reo, argumentando que la falta de voluntad política es el único obstáculo para dar por cerrado el expediente.
La mandataria federal sostuvo que la naturaleza del magnicidio, perpetrado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, impide que se cierre el caso con un indulto, manteniendo la postura de que se trata de una investigación que trasciende lo individual. Por su parte, el senador Colosio Riojas, hijo de la víctima, contradijo la narrativa oficial al afirmar que la presidenta sí cuenta con las facultades legales para otorgar el indulto, pero carece de la disposición para hacerlo, lo que perpetúa la incertidumbre sobre la verdad histórica del crimen.
En medio de este debate, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activa una línea de investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a quien se señala como un posible segundo tirador. Sin embargo, el proceso judicial enfrenta retrasos significativos; la apelación correspondiente a este caso lleva cuatro meses sin desahogarse, desde noviembre de 2025, lo que ha generado cuestionamientos sobre la celeridad y transparencia de las acciones ministeriales.
Las discrepancias entre los actores principales se han agudizado respecto a las teorías conspirativas. El senador Colosio Riojas aseveró que la hipótesis del segundo tirador no es un hallazgo reciente, señalando que dicha persona ya había sido identificada hace tres décadas. Esta afirmación contrasta con la presentación actual de la FGR, que continúa promoviendo una investigación activa basada en pruebas que, según la fiscalía, son de reciente obtención o análisis.
El estancamiento del caso Colosio se ha convertido en un punto de fricción política a pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario luctuoso del candidato presidencial del PRI. Mientras la presidenta Sheinbaum insiste en la complejidad del asunto de Estado, las demandas del hijo de Colosio ponen el foco en la capacidad de decisión del gobierno federal para definir el futuro jurídico de Mario Aburto Martínez y la persecución penal de los presuntos coautores intelectuales o materiales que aún no han sido sentenciados.
La situación permanece en espera de definiciones por parte de la FGR y el Poder Judicial, quienes no han emitido una respuesta formal a las acusaciones de politización del caso vertidas por el senador Colosio Riojas. Con la apelación de Sánchez Ortega detenida y la negativa presidencial al indulto, la resolución definitiva del asesinato que marcó la historia contemporánea de México sigue sin vislumbrarse en el horizonte inmediato.
