Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- El Senado de la República iniciará la próxima semana, los días 24 y 25 de marzo, la discusión legislativa del denominado ‘Plan B’ electoral, una reforma constitucional remitida por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca modificar las reglas de los comicios y la operación de los órganos encargados de organizarlos.
La iniciativa legislativa contempla dos ejes centrales: el adelanto al tercer año de gobierno para solicitar la revocación de mandato del Poder Ejecutivo Federal, cuando actualmente está previsto para el cuarto año, y la reducción de privilegios y gastos en los congresos federales y locales, así como en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales.
La agenda legislativa ha sido confirmada para ser tratada en la Cámara alta con la participación de figuras clave como Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, quienes liderarán el proceso de debate y negociación con los grupos parlamentarios.
En torno a los costos de implementación, proyecciones basadas en la elección intermedia de 2021, que registró una participación del 52.7% con 48.8 millones de votantes, estiman un costo unitario de consulta de aproximadamente 35 pesos por voto, cifra que podría variar dependiendo del diseño final de los mecanismos de participación ciudadana incluidos en la reforma.
El análisis de conversación digital realizado por MW Group señala que el tema ha generado polarización en la esfera pública, donde el 21% de las interacciones en redes advierten sobre posibles riesgos para la democracia, la paridad de género y la libertad de expresión en internet, reflejando la división de opiniones respecto a los cambios propuestos.
La discusión en el Senado se llevará a cabo en un contexto de expectativa sobre las posturas que adoptarán las diferentes fuerzas políticas, dado que la aprobación de la reforma constitucional requiere mayorías calificadas y consensos que aún no han sido detallados oficialmente por los bloques legislativos más allá de la coordinación del oficialismo.
