Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, la cual modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de generar ahorros presupuestales en congresos locales, ayuntamientos, el Senado y las remuneraciones de funcionarios electorales. En la votación realizada este jueves, se excluyó la modificación al artículo 35 que pretendía adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027, pieza central de la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras la aprobación del dictamen, diversas fuerzas políticas emitieron posturas encontradas. Morena celebró el aval mediante sus redes sociales, calificándolo como un triunfo del pueblo de México donde la transformación llega a lo local con menos privilegios y más rendición de cuentas, asegurando además que el PAN teme a la iniciativa por la reducción de regidores. Por su parte, Michel González, secretaria general del PAN, declaró que México ganó al eliminarse el intento de convertir la revocación de mandato en una herramienta al servicio del poder, mientras que el PRI también festejó la modificación al dictamen.
En el ámbito operativo, Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) y presidente de la Comisión de Organización, señaló que aunque la exclusión del proceso de revocación de mandato es un punto positivo, continúa una tremenda complejidad para los comicios de 2027. El funcionario explicó que el reto persiste debido a la necesidad de realizar en la misma fecha la renovación de la Cámara de Diputados y la elección judicial, lo que obligará al organismo a instalar casillas diferenciadas y duplicar personal, manteniendo una carga significativa en logística y costos.
Previo a la aprobación de la reforma, el INE hizo llegar un documento al Senado argumentando que eliminar el llamado ‘bono electoral’ podría resultar más costoso que mantenerlo, debido al pago de horas extras. Según el informe, el instituto pagó 2,419 millones de pesos por este concepto en los tres últimos procesos comiciales: 449.2 millones en 2022 durante la revocación de mandato, 964.9 millones en el proceso electoral federal de 2024 y mil 5 millones en 2025 para la elección del Poder Judicial.
La decisión del Senado de no incluir la reforma al artículo 35 marca el final de un episodio en el que la presidenta Claudia Sheinbaum invirtió capital político durante meses, comenzando con la creación de una comisión presidencial para la reforma electoral. Con la aprobación de este plan incompleto, se limita la modificación del marco legal electoral a aspectos de austeridad, dejando sepultados los objetivos originales de reducir recursos públicos destinados a partidos y alterar los tiempos de la revocación de mandato.
