Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en la sesión que concluyó cerca de la medianoche del 25 de marzo la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque con una modificación sustancial: la exclusión de las disposiciones que permitirían adelantar la revocación de mandato al año 2027. La validación de la minuta, que ahora retorna a la Cámara de Diputados, se logró con 87 votos a favor y 41 en contra, tras un acuerdo entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) que condicionó el respaldo a la eliminación del artículo 35 constitucional.
La aprobación en lo general contó con el respaldo de la coalición oficialista, pero fue en la discusión en lo particular donde el PT, liderado en el Senado por Alberto Anaya Gutiérrez, presentó una reserva para suprimir los cambios relacionados con el mecanismo de revocación. Esta decisión respondió a la postura de la dirigencia petista de separar dicho ejercicio de los procesos electorales partidistas, bajo el argumento de garantizar la gobernabilidad y evitar que la consulta se utilice con fines de campaña durante los comicios intermedios.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, confirmó la estrategia legislativa al anunciar la reserva para que el artículo 35 permanezca en sus términos actuales. Mier presentó el resultado como un éxito al mantener la unidad de la coalición y asegurar la aprobación de la parte central de la iniciativa, enfocada en medidas de austeridad republicana, a pesar de dejar fuera el mecanismo que habría permitido a la mandataria federal someterse a una evaluación ciudadana a mitad de su sexenio.
En contraste con la visión del coordinador de Morena, existen posturas divergentes sobre las implicaciones políticas de esta exclusión. Mientras sectores analistas y opositores sostienen que la maniobra evita que la presidenta Sheinbaum aparezca en la boleta electoral de 2027 y realice campaña, la propia jefa del Ejecutivo ha negado que la propuesta de revocación tuviera tintes electorales, calificando su exclusión como algo malo para el país al limitar los mecanismos de participación ciudadana.
El dictamen aprobado incluye reformas a los artículos 115 y 116 constitucionales, estableciendo que los municipios serán gobernados por ayuntamientos con un límite de regidurías y que el presupuesto de los congresos locales no podrá exceder el 0.70 por ciento del gasto estatal total. Asimismo, se valida un recorte gradual del 15 por ciento al presupuesto del Senado entre 2027 y 2030, y se fija un tope a las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, quienes no podrán ganar más que la presidenta de la República.
La sesión plenaria, que inició cerca de las seis de la tarde y se extendió hasta pasada la medianoche, también contó con la defensa de la iniciativa original por parte de senadores oficialistas como Enrique Inzunza, quien llamó a los socios de la coalición a avalar la reforma completa argumentando que la revocación es un mecanismo de responsabilidad y no de confrontación. Sin embargo, la posición del PT prevaleció en la votación final en lo particular, enviando la minuta a San Lázaro sin la modificación de fechas para la consulta popular.
Con este desenlace, la reforma electoral avanza hacia su etapa final en la Cámara de Diputados, consolidando las medidas de reducción de privilegios para funcionarios y organismos electorales, pero dejando pendiente la posibilidad de activar la revocación de mandato antes del término natural del periodo presidencial en 2028, conforme a la legislación vigente.
