Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la empresa Xcaret debe dejar de utilizar elementos de la cultura Maya en toda su publicidad mientras se resuelve el fondo del litigio. Por una votación de siete a dos, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra María Estela Ríos González para otorgar una medida cautelar que protege el patrimonio ancestral por encima del interés comercial.
La resolución revierte una decisión previa de un juzgado de distrito que había concedido a la empresa una suspensión definitiva, permitiéndole continuar con el uso de dicha simbología tras impugnar una multa impuesta por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). La autoridad administrativa había ordenado originalmente el retiro de contenidos publicitarios que utilizaban estos elementos culturales.
Durante la sesión, la ministra ponente argumentó que las inversiones empresariales no facultan a disponer indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos indígenas ni del patrimonio de la nación. La mayoría del tribunal consideró que la protección de estos bienes tiene mayor peso jurídico que los acuerdos privados celebrados por la compañía turística.
El caso expuso una disputa sobre la representación legítima del pueblo Maya. Mientras el Indautor actúa en nombre de integrantes de la comunidad que denunciaron el uso indebido, la empresa alegaba contar con autorización del Gran Consejo Maya, entidad que firmó un acuerdo comercial con la compañía y presentó un escrito con 209 firmas de autoridades locales en su apoyo.
En sentido contrario a la mayoría, la ministra Yasmín Esquivel votó en contra del proyecto al considerar que la decisión desconoce la voluntad del Gran Consejo Maya, reconocido en leyes de protección indígena desde 1998. La funcionaria enfatizó que existen beneficiarios directos del acuerdo comercial entre la empresa y esa comunidad.
Con esta determinación, Xcaret deberá cambiar los elementos de su marca que aluden a la simbología maya hasta que la Corte emita un fallo definitivo sobre el conflicto de fondo entre la empresa, el Indautor y las comunidades involucradas.
