Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, advirtió que el número de fábricas de cerdos en México ha aumentado de manera descontrolada y exponencial en la última década. Durante su segunda visita oficial al país, finalizada el 20 de marzo, el funcionario internacional señaló que el uso del término ‘granjas porcícolas’ funciona como un eufemismo para describir lo que realmente son instalaciones industriales masivas.
La investigación realizada por el relator identificó que existen granjas que albergan hasta 50 mil cerdos en comunidades donde la población humana es de apenas 1,500 habitantes, una disparidad que ilustra la magnitud de la operación industrial frente a los asentamientos locales. Este dato forma parte del diagnóstico presentado tras el recorrido que incluyó estados como Sonora, Campeche, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y Yucatán.
En un comunicado conjunto, la Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) confirmaron que la visita se llevó a cabo del 9 al 20 de marzo de 2026 con el objetivo de revisar los avances en materia de protección ambiental en el territorio nacional. Durante su estancia, Orellana sostuvo encuentros con más de 15 dependencias del Gobierno Federal y se reunió con autoridades de los tres Poderes de la Unión, incluyendo al subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos y a la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada.
El mandato del relator especial, establecido originalmente en 1995 y renovado en 2023, tiene la facultad de examinar los efectos de las sustancias peligrosas en los derechos humanos. En esta ocasión, el enfoque se centró en los impactos de la ganadería industrial, un sector que ha mostrado una expansión acelerada sin la correspondiente regulación en algunas zonas del país.
Las autoridades ambientales y la representación diplomática quedaron a la espera de la publicación del informe final del relator, el cual se dará a conocer en el segundo semestre del año. Este documento detallará las observaciones específicas y las recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para mitigar los efectos de los desechos peligrosos derivados de estas operaciones industriales.
