Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Un juez federal ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible o ‘huachicol fiscal’. La decisión de la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Centro de Justicia Penal Federal, responde a la vulneración del derecho de defensa del imputado, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negó de forma reiterada a entregar la totalidad de la carpeta de investigación a su defensa.
La causa penal 325/2025, que se sigue en contra del exmilitar, gira en torno a la presunta operación de una red criminal denominada ‘Los Primos’, la cual habría utilizado la infraestructura de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para desviar diésel. El caso tuvo un punto de inflexión en marzo de 2025, cuando fueron decomisados 10 millones de litros de ese combustible en Tamaulipas, en una operación vinculada a la investigación.
La defensa legal de Farías Laguna, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, argumentó ante la jueza que la FGR incumplió con un plazo previo de cinco días para facilitar el acceso al expediente y, posteriormente, se negó a entregar la carpeta completa. Esta falta de transparencia, sostuvieron los abogados, impedía al acusado preparar adecuadamente su defensa, lo que constituye una violación procesal grave.
Ante estos hechos, la jueza Vieyra Valdés resolvió amparar al imputado y ordenar a la FGR la reapertura de la investigación complementaria por un plazo de tres meses, durante los cuales la fiscalía deberá garantizar el acceso pleno de la defensa a las pruebas. Farías Laguna se encuentra actualmente recluido en el penal federal del Altiplano, mientras que su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también señalado en el caso, permanece prófugo de la justicia.
El caso del exvicealmirante ha puesto en evidencia las presuntas infiltraciones de redes delictivas en instituciones aduaneras y de seguridad, así como los obstáculos procesales que enfrentan las investigaciones de alto perfil. La resolución judicial representa un revés para la FGR y establece un precedente sobre la obligación de las autoridades ministeriales de respetar el derecho de defensa en casos complejos de corrupción y crimen organizado.
