Por Redacción
Chiapas, Mexico, 15 de marzo de 2026.- La Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas emitió un comunicado oficial para deslindar toda responsabilidad por posibles incidentes derivados del evento ‘Rodeo de Media Noche’, autorizado y realizado por el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas en la Plaza de Toros La Coleta durante el fin de semana del 14 de marzo. La dependencia estatal señaló que la administración municipal, encabezada por la presidenta Fabiola Ricci Diestel, procedió con el espectáculo pese a que las autoridades estatales habían identificado riesgos estructurales y logísticos en el recinto, recomendando su no realización.
El organismo estatal indicó que, ante la negativa del gobierno municipal para atender las observaciones técnicas, inició un proceso legal para fincar las responsabilidades correspondientes por el desacato a las disposiciones de seguridad. En su posicionamiento, Protección Civil estatal subrayó que tanto la dependencia municipal homóloga como la policía local fueron las únicas autoridades presentes y responsables de la supervisión y operación del evento.
El comunicado no detalló la naturaleza específica de los riesgos identificados en la plaza de toros, ni reportó si durante la realización del ‘Rodeo de Media Noche’ ocurrieron incidentes o consecuencias derivadas de las advertencias ignoradas. Tampoco se precisó el tipo de proceso jurídico iniciado contra el ayuntamiento.
Este episodio evidencia un conflicto institucional entre el gobierno estatal y el municipal de San Cristóbal de Las Casas, uno de los principales destinos turísticos de Chiapas. La decisión de la alcaldesa Ricci Diestel de seguir adelante con el evento, asumiendo la responsabilidad de manera unilateral, pone en relieve tensiones en la coordinación para la gestión de riesgos y la aplicación de protocolos de seguridad en eventos masivos.
La situación deja en evidencia la fractura en los mecanismos de gobernanza local y plantea interrogantes sobre la capacidad de coordinación entre distintos órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de la población, especialmente en contextos donde prevalece el desacato a recomendaciones técnicas de organismos especializados.
