Ciudad De México, 10 de junio de 2026.- La American Society of Mexico (AmSoc) formalizó una propuesta para crear un Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC) entre México y Estados Unidos. El organismo planteó que este nuevo acuerdo debe ser un mecanismo de cooperación profunda para enfrentar fenómenos transnacionales como el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero, abordando la seguridad en un instrumento separado y no dentro de la revisión del T-MEC.
Larry Rubin, presidente de AmSoc, sostuvo que el T-MEC debe preservarse como un acuerdo económico. “El T-MEC debe seguir siendo un tratado económico. Incluir temas de seguridad en su revisión complicaría innecesariamente su funcionamiento y desviaría la atención de quienes están encargados de fortalecer la integración económica”, afirmó Rubin.
AmSoc consideró que el TLCC debe convertirse en una prioridad estratégica para fortalecer el diálogo bilateral, mejorar las condiciones de seguridad en México, atraer mayor inversión y generar más empleo. La organización expresó su reconocimiento al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la lucha contra el fentanilo y subrayó la necesidad de colaborar con Estados Unidos en distintos frentes, incluido el económico, antes de la negociación del T-MEC.
La propuesta requiere la participación de autoridades, líderes empresariales y representantes de ambos países para promover una agenda de cooperación de alto nivel bilateral en seguridad. AmSoc afirmó que trabajará de manera coordinada con los gobiernos de Sheinbaum y del presidente estadounidense, Donald Trump, así como con fuerzas políticas de ambos países, para impulsar el TLCC.
Rubin aseguró que la cooperación internacional fortalece la soberanía, mientras que el crimen organizado la debilita. “México tiene que estar unido, Estados Unidos tiene que estar unido y más importante, los dos países tienen que estar unidos, respetando la soberanía de cada pueblo”, declaró.
La iniciativa se enmarca en el discurso de la presidenta Sheinbaum de permitir la colaboración a través del intercambio de información sin que se vulnere la soberanía mexicana con operaciones en las que participen agentes extranjeros. En este contexto, el Gobierno de México inició un proceso contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por operaciones con agentes extranjeros.
