Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile el desplazamiento forzado interno en México, un fenómeno que afectó a 28,900 personas en 2024 y que se ha documentado principalmente en estados como Morelos y Guerrero, en contextos de disputas territoriales y presencia de grupos criminales. La petición se da en medio de un panorama de violencia e impunidad, ilustrado por la reciente absolución del único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes y por el reconocimiento parcial del Estado mexicano de su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, perpetrada por el Ejército.
El desplazamiento forzado en México es una crisis humanitaria de larga data. Entre 2016 y 2024, más de 390,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, según datos recopilados por organizaciones civiles. Para 2025, la cifra de afectados continuó su tendencia al alza, alcanzando las 15,795 personas. Las comunidades indígenas y rurales en regiones con fuerte presencia del crimen organizado son las más vulnerables.
Paralelamente, la impunidad en casos de violencia contra defensores de derechos humanos y civiles sigue siendo una constante. Recientemente, un juez absolvió a Javier “N”, el único detenido por el asesinato del activista opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores Soberanes. La Fiscalía federal presentó pruebas consideradas insuficientes, en un proceso marcado por irregularidades: dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones durante el proceso.
En otro frente, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, un caso que data de años atrás y que involucró a elementos del Ejército. Aunque el gobierno propuso un acuerdo amistoso, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas, así como medidas de reparación integral que aún no han sido especificadas públicamente.
Expertos señalan que estos casos reflejan la compleja interacción entre el crimen organizado transnacional —que va más allá del narcotráfico e incluye múltiples actividades ilícitas— y, en ocasiones, la complicidad o inacción de entidades legales y estatales. La incapacidad para proteger a la población y para impartir justicia efectiva alimenta los ciclos de violencia y desplazamiento.
La solicitud a la CIDH busca un escrutinio internacional que presione al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones de garantizar la seguridad, prevenir el desplazamiento forzado y resolver los casos de violaciones graves a derechos humanos. La respuesta de la Comisión y las acciones concretas que tome el gobierno en los próximos meses serán clave para miles de familias que viven bajo la amenaza constante de la violencia y la impunidad.
