Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar la situación de México, con carácter urgente, ante la Asamblea General, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó categóricamente la resolución.
El CED activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y señaló que la magnitud de las desapariciones en México podría constituir crímenes de lesa humanidad. Como prueba de la gravedad, el organismo citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, así como la localización de más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, la mayoría sin identificar.
Por su parte, la SRE calificó el informe del CED como tendencioso y sesgado, acusando al comité de ignorar las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual. El gobierno mexicano alegó que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y afirmó que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019 y con reformas clave en julio de 2025.
Las autoridades mexicanas argumentaron que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque otra versión de la SRE señaló el periodo entre 2007 y 2019. Además, el gobierno aseguró que al menos uno de los integrantes del CED trabajó para organizaciones que han denunciado al Estado mexicano.
En declaración, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. La dependencia lamentó que el CED no considerara herramientas actuales como la Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, subrayó que lo que define a un crimen de lesa humanidad es el patrón de los ataques contra la población civil. “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno”, dijo.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano y señaló que es una muy mala señal. El experto explicó que la definición de desaparición forzada utilizada por el CED es un estándar consolidado en el derecho internacional.
La solicitud del CED se ha enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la remita urgentemente a la Asamblea General. El gobierno mexicano reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año.
