Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, propuso un “decálogo de ajustes” a la reforma judicial, en medio de un debate sobre el costo de los organismos autónomos. Un estudio del Centro de Estudias de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha manejado un presupuesto acumulado de 242,378 millones de pesos entre 2018 y 2026, con casi el 40% de su erogación para 2026 destinada al financiamiento de partidos políticos. Paralelamente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, defendió la autonomía de su institución frente a lo que calificó como “controversias políticas”.
El análisis presupuestal del órgano técnico de la Cámara de Diputados detalló que para el ejercicio fiscal de 2026, el 39.3% del presupuesto total del INE se asigna al financiamiento de partidos políticos. Además, tres capítulos de gasto concentran el 98.2% de los recursos del instituto para este año, lo que evidencia una alta focalización del gasto en actividades específicas.
En un ámbito distinto pero relacionado con el debate sobre las instituciones del Estado, la ministra Yasmín Esquivel planteó la necesidad de realizar ajustes a la reforma judicial, aunque los detalles específicos de su propuesta de diez puntos no fueron revelados en las fuentes disponibles. Su intervención se suma a un diálogo nacional sobre la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial.
Por su parte, el magistrado Gilberto Bátiz García, al frente del TEPJF, emitió un mensaje en el que defendió la autonomía de ese tribunal electoral. Bátiz García aseguró que el TEPJF ha promovido mecanismos alternativos para la solución de controversias, aunque no especificó casos concretos de su aplicación. Su declaración parece responder a un contexto de presiones o críticas políticas que, según su percepción, buscan afectar la independencia del organismo.
La coincidencia en la publicación de estas noticias refleja una agenda de discusión vigente en México sobre el costo, la eficiencia y la autonomía de órganos clave como el INE, la SCJN y el TEPJF. El debate pone sobre la mesa temas sensibles como el uso de recursos públicos en procesos electorales, la posible reconfiguración del sistema de justicia y los límites de la injerencia política en instituciones diseñadas para ser autónomas. Las propuestas de la ministra Esquivel y los datos del estudio presupuestal alimentarán probablemente el análisis legislativo y público en las próximas semanas.
