Ciudad de Mexico, 28 de marzo de 2026.- Una investigación conjunta de medios internacionales ha puesto en duda la narrativa oficial del gobierno de Ecuador y Estados Unidos respecto a un operativo militar realizado a principios de marzo de 2026. Mientras las autoridades describieron el ataque como un golpe exitoso contra un campamento de narcotraficantes, reportes de The New York Times y France 24 indican que el objetivo era una finca ganadera y de producción de leche habitada por civiles.
De acuerdo con los testimonios recabados por estos medios, soldados ecuatorianos arribaron a la propiedad en helicóptero durante la primera semana de marzo, donde sometieron a los trabajadores a interrogatorios y agresiones físicas antes de incendiar las instalaciones. Tres días después de este primer incidente, se reportó el lanzamiento de explosivos sobre los restos de la estructura, acción que fue grabada y presentada posteriormente como la destrucción de un complejo criminal.
La abogada Lina Maria Espinosa denunció que sus clientes, incluidos trabajadores de la finca, fueron víctimas de torturas severas durante su detención. Entre los métodos de abuso señalados se encuentran el ahogamiento simulado y la aplicación de toques eléctricos. Por su parte, France 24 reportó el caso de Gilson Vargas, quien fue arrestado, vendado y trasladado a una base militar, donde permaneció retenido por varias horas tras ser amenazado y golpeado.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había calificado previamente a los objetivos de la operación como parte de una red ilícita y criminal utilizada para ocultar armas y entrenar grupos armados. Sin embargo, habitantes de la zona de San Martín, en el norte del país, aseguraron a los periodistas que se trataba de viviendas de campesinos y cobertizos para la fabricación de queso, donde también perecieron animales de corral.
Este incidente se enmarca en la denominada Operación Exterminación Total, anunciada por funcionarios militares estadounidenses como Joseph M. Humire ante el Comité de Servicios Armados, quien señaló que los ataques contra cárteles en América Latina son solo el comienzo. No obstante, la discrepancia entre la versión gubernamental y los hallazgos periodísticos ha generado cuestionamientos sobre la precisión de la inteligencia utilizada para los bombardeos.
La situación ha complicado además las relaciones diplomáticas en la región, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reclamara por el impacto de una bomba en territorio colombiano durante los operativos. A pesar de las evidencias presentadas por los medios y las denuncias de organizaciones de derechos humanos, no se ha registrado hasta el momento una rectificación oficial por parte del Pentágono o del gobierno ecuatoriano sobre la naturaleza civil del inmueble destruido.
