Almoloya De Juárez, 28 de mayo de 2026.- Un juez federal ordenó a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya (penal del Altiplano) brindar atención médica inmediata a Héctor ‘El Güero’ Palma Salazar, quien se reporta en estado de salud “muy grave”. La resolución judicial concede el amparo solicitado por el interno para recibir los tratamientos necesarios.
De acuerdo con la información disponible, Palma Salazar presentó una demanda de amparo debido a la falta de atención médica por parte del área de salud del penal, la cual ignoró su caso desde el 13 de abril de 2026 pese a su condición. El diagnóstico indica que padece tres hernias discales en su columna que afectan el nervio ciático.
El interno presenta dolores muy fuertes en la espalda y el pecho al respirar, así como insomnio. Tras conceder el amparo, el juez federal estableció que se le debe otorgar servicio médico y los tratamientos correspondientes para atender su padecimiento.
Por otra parte, Isaí Martínez, sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue trasladado al penal del Altiplano. Martínez salió de Hermosillo, Sonora, tras haber sido detenido en Nogales el 26 de mayo de 2026. Su traslado se realizó en un avión militar desde la base aérea de Hermosillo, con salida registrada a las 12:25 horas del 27 de mayo de 2026.
Martínez llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alrededor de las 15:30 horas del 27 de mayo de 2026 con destino final al penal ubicado en el Estado de México. Se desconoce si a su llegada será puesto a disposición de un juez. Con este movimiento, Isaí Martínez se convierte en el cuarto familiar directo de ‘El Chapo’ Guzmán que ingresa al penal del Altiplano.
En un desarrollo paralelo relacionado con el caso de la familia Guzmán, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera dirigió una carta al juez de distrito Brian M. Cogan solicitando “trato justo” y garantías constitucionales. En el documento, Guzmán Loera expresó: “Solicito recibir un trato justo en este país. De acuerdo con los principios constitucionales y las leyes aplicables en la corte, tengo derecho a comunicarme y a ser escuchado, así como a la igualdad en la protección de mis derechos”.
En su misiva, el narcotraficante denunció presuntas irregularidades en el caso que enfrenta en Estados Unidos y afirmó que sus derechos constitucionales “han sido vulnerados”. Indicó que esta declaración se presenta como una preocupación ante el tribunal respecto al cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, el juez Brian M. Cogan respondió que, una vez condenado, las disposiciones sobre la reclusión de Guzmán están en manos de la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. y que él no tenía poder para intervenir, instando a “atender mi solicitud de justicia y equidad conforme a la ley”, según lo planteado por el interesado.
