Por Redacción
Ciudad de México, 19 de febrero de 2026.- El Congreso de la República de Perú designó este martes a José María Balcázar, segundo vicepresidente y congresista de Perú Libre, como presidente interino del país, luego de que la Cámara de Diputados aprobara por 87 votos a favor, 32 en contra y 11 abstenciones la destitución del presidente José Jerí Oré por “incapacidad moral permanente”.
La moción de vacancia, impulsada por la oposición y respaldada por un sector de la bancada oficialista, se sustentó en acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y presuntos vínculos con redes de contratación irregular en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Jerí, quien asumió el cargo en 2024 tras la renuncia de Dina Boluarte. El Congreso argumentó que las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría evidenciaban “conductas incompatibles con la dignidad del cargo”.
Balcázar, de 68 años y médico de profesión, juramentó inmediatamente ante el pleno del Congreso en una ceremonia breve y sin público, prometiendo “estabilidad institucional, lucha frontal contra la corrupción y respeto absoluto a la Constitución”. En su primer mensaje como presidente interino, llamó a la unidad nacional y anunció que convocará a elecciones generales anticipadas en un plazo máximo de nueve meses, conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Constitución peruana.
La destitución de Jerí cierra un capítulo de inestabilidad política que incluyó protestas masivas en 2025 y la caída de tres gabinetes ministeriales. El nuevo presidente interino cuenta con el respaldo temporal de Perú Libre, Acción Popular y Fuerza Popular, aunque analistas advierten que su gestión será frágil ante la fragmentación del Congreso y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
José Jerí rechazó las acusaciones y anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Tribunal Constitucional para impugnar la vacancia, calificándola como un “golpe parlamentario”. Mientras tanto, la Procuraduría General solicitó prisión preventiva contra el exmandatario por los delitos de peculado y colusión agravada.
El cambio en la presidencia genera incertidumbre en los mercados y la comunidad internacional, aunque Estados Unidos, Brasil y México expresaron su reconocimiento al proceso constitucional y llamaron a la calma. Perú enfrenta ahora el desafío de estabilizar su economía y recomponer la confianza pública en un contexto de alta polarización política.
