Tijuana, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) inició una investigación por los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, luego de que se detectara una presunta red de hostigamiento al interior de la Escuela Secundaria No. 6 Ignacio Zaragoza, ubicada en la colonia Altamira de este municipio.
De acuerdo con la información oficial, la carpeta de investigación con número 0204-2026-2349 fue abierta a raíz de una denuncia presentada por una madre de familia, quien alertó sobre hechos difundidos inicialmente a través de redes sociales. Las autoridades han confirmado que en el caso están involucradas cuatro estudiantes: dos menores de entre 13 y 14 años señaladas como presuntas hostigadoras, y otras dos alumnas identificadas como víctimas, una de ellas menor de 13 años.
El caso está siendo atendido por la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razones de Género, bajo la supervisión de la titular de esta área, Hortencia Noriega. Aunque la investigación se encuentra en etapa de integración de datos, las autoridades no han descartado la posible participación de mayores de edad en la operación de la presunta red, aunque hasta el momento no se ha determinado su vinculación específica.
Los hechos habrían ocurrido en las instalaciones educativas situadas sobre la Avenida Buenos Aires. La naturaleza de los delitos investigados implica la explotación sexual, un agravante que obliga al ministerio público a actuar con perspectiva de género y protección inmediata para las menores afectadas. La FGE no ha proporcionado detalles sobre la mecánica operativa de la presunta red ni sobre la existencia de clientes externos, dado que la indagatoria apenas comienza.
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y la normativa sobre justicia para adolescentes, las identidades completas de las alumnas involucradas, tanto de las presuntas responsables como de las víctimas, así como los datos de la denunciante, han sido resguardados por las autoridades. La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y testimonios para definir las responsabilidades legales correspondientes.
