Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja imputó formalmente al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo. La resolución judicial establece que existen pruebas necesarias para formular la imputación en relación con un fallido proyecto de una planta fotovoltaica que involucra 123 millones de pesos.
La magistratura determinó que los elementos presentados son suficientes para avanzar hacia la etapa de vinculación a proceso, la cual ha sido programada para el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali. El caso se centra en inconsistencias detectadas en los contratos y el desarrollo del proyecto energético contratado durante la administración de Bonilla.
Tras conocer la imputación, Jaime Bonilla Valdez mantuvo su defensa argumentando que el estado nunca se comprometió a construir la planta fotovoltaica, señalando que la empresa Next Energy era la encargada de dicha tarea. El exmandatario afirmó que solo existía una garantía de depósito para pagar la primera mensualidad y calificó como una “narrativa errónea” las versiones difundidas por la administración actual y los medios de comunicación.
En su defensa, Bonilla cuestionó por qué no se ha citado a los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron la iniciativa del proyecto, sugiriendo que la responsabilidad debería ser compartida con el poder legislativo que validó la propuesta en su momento. Hasta el momento, no se han hecho públicos detalles específicos sobre las pruebas concretas presentadas por la fiscalía durante la larga audiencia.
Por su parte, la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la denuncia surgió debido a las inconsistencias encontradas en los contratos y el proyecto, enfatizando que se trata de un asunto legal y no de una cuestión personal. La cifra de 123 millones de pesos corresponde a los recursos que fueron retenidos y posteriormente regresados en el marco de esta investigación.
La audiencia de vinculación a proceso del próximo 23 de marzo definirá si el exgobernador queda formalmente ligado a juicio por los delitos imputados. El caso mantiene atención en la esfera política local debido a la participación de actores de las tres administraciones involucradas en el fallido proyecto energético.
