Ciudad De México, 13 de julio de 2026.- La estrategia gubernamental mexicana respecto al caso del secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada se está centrando únicamente en determinar cómo fue el operativo y quién lo ordenó.
El punto delicado para las autoridades será llegar a la exigencia de que “nos regresen” al capo, escenario en el cual habría que liberarlo inmediatamente debido a que no existe una orden de aprehensión en su contra. En el Gobierno mexicano se encuentran enredados en la definición jurídica, pasando primero por el delito de secuestro, luego por la violación de la Ley de Seguridad Nacional y finalmente por el escenario de solicitar el regreso de Zambada para su liberación por falta de una verdadera orden judicial.
Mientras la administración define su postura, se informa que ‘El Mayo’ ya negoció con Estados Unidos un intercambio de información a cambio de una prisión con alto grado de atención médica para enfermos casi terminales. En estos días, como acto de venganza, el detenido ya “despepitó” la estructura del narcotráfico y la política en Sinaloa, generando derivaciones que afectan la política nacional y a los altísimos dirigentes de la 4T.
La situación ha dejado al descubierto la existencia de narcopolítica en Sinaloa, vinculada con varios de los narcotraficantes que México entregó en tiempos recientes. Circula la percepción entre algunos sectores de que la justicia estadounidense es capaz de retorcer sus reglas e intercambiar a ‘El Mayo’, quien ya ha confesado, por Rubén Rocha Moya.
Ante este panorama, no existen indicios de que la 4T cuente actualmente con un mecanismo de filtros efectivo para evitar que candidaturas federales y estatales beneficien a los cárteles del narcotráfico. Las plazas de Guerrero, Michoacán y Sinaloa se perfilan como la prueba de fuego para verificar si la lucha contra la narcopolítica es real dentro de Morena.
