Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité de la ONU, que concluye que en México el delito de desaparición se comete de manera sistemática y generalizada. Sheinbaum negó que la crisis de desaparecidos en México pueda ser un crimen de lesa humanidad y advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”. El informe señala que las desapariciones forzadas son “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda está en manos de las familias y no del Estado.
En respuesta, el Gobierno de Sheinbaum hizo un cribado que arroja que solo un tercio de esos registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas. Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, criticó el informe señalando que “indebidamente no se toma en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T”. Alcalde rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella”.
Funcionarios del gobierno afirmaron que el informe se basa en estadísticas del periodo de 2009 a 2017 y se enfoca en apenas cuatro estados. Sheinbaum acusó que el informe “usa un análisis del 2009 al 2017 en cuatro estados para extrapolar hasta el 2025”. La cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años.
Por su parte, el Comité de la ONU aseguró que su evaluación no se limita a un periodo específico, sino que integra información acumulada durante más de una década de interacción con el Estado mexicano. El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y destaca las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025.
Uno de los puntos nodales del informe de la ONU es la crisis forense en México, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026. Se estima que hay más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos. Las fiscalías estatales reportaron un total de 5,532 fosas clandestinas entre 2006 y 2024.
En el ámbito político, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación ante la crisis de desapariciones. Ballesteros anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político contra Rosario Piedra. El diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones.
Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante” e “histórica”. La Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité de la ONU y a no descalificar la decisión del Comité.
