Ciudad De México, 06 de abril de 2026.- El Gobierno de México rechazó este lunes el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, al considerar que sus datos están desactualizados y no reflejan la realidad actual del país. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) habían enviado meses antes documentos detallando los avances realizados desde 2019, los cuales no fueron tomados en cuenta por el organismo internacional.
Sheinbaum señaló que el CED realizó su análisis con base en información de cuatro entidades federativas: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, correspondiente exclusivamente al periodo de 2009 a 2017. La mandataria acusó que los resultados del informe fueron proyectados hasta 2025 sin considerar los cambios en la legislación ni la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda. “Se les informó los trabajos y avances que hemos venido haciendo con la comisión de búsqueda y no fueron considerados, por eso se rechazó el documento”, afirmó la presidenta.
El Gobierno federal rechazó el documento por referirse en su mayoría a casos ocurridos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Cabe destacar que el 2 de abril de 2026, la SRE y la SEGOB señalaron formalmente que en México no existe una práctica de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad cometida de manera sistemática y generalizada. Por su parte, el informe del comité señala a México como el país que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otra nación del mundo, con 819 acciones entre 2012 y febrero de 2026, mientras que el Gobierno mexicano confirmó hace semanas la existencia de más de 130 mil personas desaparecidas en el país.
Sheinbaum indicó que el análisis del comité no es “muy exacto” porque “extrapolan” los datos de esos cuatro estados a la situación actual a nivel nacional. Además, aclaró que el CED no es un comité de la ONU, sino que está “vinculado a ella”, y recordó que el organismo enviará su informe al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. “Vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe”, adelantó la presidenta, quien confirmó que habrá un seguimiento por parte de la SEGOB y la SRE.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) catalogó la decisión del CED como una postura “sesgada, contradictoria y carente de perspectiva histórica e internacional”. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México expresó su respaldo al posicionamiento federal. La jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, sostuvo que el informe “se basa fundamentalmente en hechos ocurridos de 2009 a 2017; extrapolando lo sucedido durante ese periodo a la realidad actual de México” y consideró “muy grave” que no se haya incluido la evidencia presentada por el Estado mexicano.
El gobierno capitalino enfatizó que “en la actualidad, el Gobierno Federal no reprime ni desaparece” y se refirió al impacto de la estrategia de seguridad implementada durante el sexenio de Felipe Calderón, conocida como la “guerra contra el narcotráfico”. Sheinbaum concluyó diciendo: “Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos de búsqueda, la solidaridad con padres de familia, con familiares de víctimas de desaparecidos y el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito”.
