Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de permitir un entorno de discriminación y acoso antisemita que vulnera los derechos civiles de estudiantes judíos e israelíes. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, solicita la recuperación de miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a la universidad.
La querella se centra en los incidentes ocurridos durante las protestas propalestinas y antiisraelíes que tuvieron lugar en el campus, destacando un campamento de manifestación que permaneció instalado durante 20 días. Según el gobierno, estas acciones derivaron en un clima hostil donde se registraron alegatos de acoso y agresión física contra miembros de la comunidad judía, situaciones que la universidad no logró prevenir ni sancionar adecuadamente.
Este litigio marca la tercera demanda presentada por la administración Trump contra Harvard en un periodo reciente. El conflicto legal tiene antecedentes en febrero de 2025, cuando el ejecutivo federal amenazó con retirar los fondos financieros a la institución, medida que en aquella ocasión fue bloqueada por un juez. La disputa actual escaló tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, evento que detonó las movilizaciones estudiantiles principalmente durante 2023 y 2024.
Las autoridades estadounidenses argumentan que la tolerancia institucional frente a las expresiones de odio justifican la revocación del apoyo económico federal. Aunque la investigación no detalla el nombre específico del tribunal federal de Boston donde se radicó el caso ni las cifras exactas del monto a recuperar, la magnitud de las subvenciones involucradas pone en riesgo la operación financiera de la prestigiosa academia.
Ante la acción judicial, la Universidad de Harvard ha emitido comunicados públicos para defender su posición, aunque no se ha especificado su respuesta legal formal dentro del proceso judicial. La institución enfrenta ahora el desafío de demostrar ante la corte que cumplió con sus obligaciones de garantizar la seguridad y los derechos civiles de todos sus estudiantes.
El caso refleja la tensión política y social que persiste en los campus universitarios de Estados Unidos respecto al conflicto en Oriente Medio. La resolución de esta demanda podría establecer un precedente sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en la regulación de la libertad de expresión y la protección contra la discriminación en entornos académicos.
