Ciudad De México, 25 de junio de 2026.- La Fundación Manuel Rozada Cuéllar denunció presuntas irregularidades en la administración y sucesión del patrimonio que su fundador destinó al rescate y cuidado de perros y gatos en situación de abandono. A más de una década del fallecimiento de Manuel Rozada Cuéllar, los bienes heredados a la asociación civil no han sido entregados, mientras continúan abiertos procedimientos civiles, corporativos y penales que, según sus representantes, permanecen sin resolverse.
El caso involucra presuntos actos de abuso de confianza y falsificación de documentos relacionados con inmuebles. María de Lourdes Rozada Morales, sobrina del fundador y representante de la asociación, afirmó que Enrique Burgos Ordóñez, quien fue nombrado albacea de la sucesión por el fallecido, “abusó de la confianza” de su tío y la suya. Morales acusó que el patrimonio ha sido dilapidado y que Burgos “se ha dedicado a obstaculizar y a dilapidar lo que mi tío dejó y a quedarse con estos recursos”.
Manuel Rozada Cuéllar, quien se dedicó a rescatar animales desde 1985, creó la asociación civil antes de fallecer con el objetivo de que su patrimonio se destinara permanentemente al rescate, atención y protección de perros y gatos abandonados, designando a la organización como heredera de sus bienes. “Mi tío Manuel Rozada creó esta asociación civil antes de fallecer para dejar protegidos a todos sus animales, que son casi dos mil perros y gatos que han sido maltratados y abandonados y que él toda la vida, desde 1985, se dedicó a rescatarlos; esa fue su misión de vida”, declaró Morales.
El testamento tenía como fin asegurar recursos suficientes para mantener una operación que implica alimentar diariamente a miles de animales, proporcionar atención veterinaria permanente, medicamentos, limpieza e insumos necesarios. Sin embargo, los recursos destinados al rescate animal no han llegado a la asociación. La fundación reporta que en 2020 el entonces administrador dejó de proporcionar alimento a los animales, por lo que la organización ha continuado operando gracias al apoyo de ciudadanos y donantes, cuando el patrimonio legado debería estar financiando dichas actividades.
La fundación, que opera dos albergues en el Estado de México, señaló que existen retrasos en la judicialización de diversas denuncias presentadas desde 2021. Entre los involucrados en el proceso legal figura Miguel Alessio Robles, abogado y notario 19 de la Ciudad de México. Ante la situación, María de Lourdes Rozada Morales enfatizó: “Lo que hemos estado pidiendo desde hace muchos años es que se haga cumplir la ley; no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo que se respete la voluntad de mi tío y se actúe conforme a derecho”.
