Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), han iniciado una investigación sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, debido a posibles vínculos con actividades de narcotráfico. La acción legal surge en un contexto de tensión diplomática entre Washington y Bogotá, marcada por desacuerdos en materia migratoria y antidrogas desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025.
Según informó el diario The New York Times, citando a tres personas familiarizadas con el asunto, los procuradores están examinando evidencias relacionadas con supuestas reuniones y solicitudes de donaciones que conectarían al mandatario colombiano con redes ilegales. Aunque la investigación se encuentra en una fase inicial, la participación conjunta de múltiples agencias federales estadounidenses indica la seriedad con la que se está tratando el caso.
Ante las consultas de la prensa, Nicholas Biase, portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, declinó hacer comentarios sobre la existencia o el alcance de las indagatorias. De igual forma, no se ha obtenido una declaración oficial de la Fiscalía Federal de Brooklyn, ni una respuesta formal de la Presidencia de Colombia respecto a las acusaciones o a la solicitud de comentarios por parte de los medios.
Este desarrollo judicial ocurre mientras la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia atraviesa un periodo crítico. Desde principios de 2025, las relaciones se han deteriorado tras la negativa del gobierno colombiano a recibir vuelos militares estadounidenses con deportados y la posterior descertificación de Colombia por parte de EE.UU. en su lucha contra el narcotráfico, un estatus que tiene implicaciones directas en la cooperación bilateral y la ayuda financiera.
Hasta el momento, no se han hecho públicas evidencias concretas de las supuestas interacciones ilícitas, ni se ha detallado el estatus específico de las investigaciones más allá de su existencia. La falta de información oficial por parte de ambas fiscalías y del gobierno colombiano mantiene la incertidumbre sobre los siguientes pasos legales y las posibles consecuencias políticas para la administración de Petro.
