FIFA llega al Mundial 2026 sin un protocolo integral para prevenir la trata infantil, alertan ONG’S

FIFA llega al Mundial 2026 sin un protocolo integral para prevenir la trata infantil, alertan ONG’S

Human Rights Watch advierte que, a seis meses del arranque del Mundial 2026, la FIFA no cuenta con una política uniforme y vinculante de salvaguarda de la niñez para las sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

Organismos internacionales señalan que los megaeventos deportivos incrementan riesgos de trata de personas, explotación sexual infantil, trabajo infantil y desplazamiento familiar si no existen mecanismos preventivos claros.

En México, datos oficiales y de organizaciones civiles confirman que la trata de niñas y adolescentes es un problema estructural que podría agravarse con la llegada del torneo.

Por Redacción 

A menos de seis meses de que inicie la Copa Mundial de Futbol 2026, la Human Rights Watch advirtió que la FIFA no ha implementado un marco claro, integral y obligatorio para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos como la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil y otras formas de violencia asociadas a los megaeventos deportivos.

La organización recordó que desde 2018, cuando se otorgó la sede conjunta a Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA se comprometió a desarrollar una Estrategia de Derechos Humanos que incluyera protocolos específicos de salvaguarda infantil y coordinación entre ciudades anfitrionas. Sin embargo, siete años después, esas promesas no se han traducido en una política operativa común ni en mecanismos obligatorios de prevención y denuncia, señaló HRW.

Especialistas y organizaciones coinciden en que los megaeventos deportivos funcionan como catalizadores de riesgo: atraen grandes flujos de personas, saturan a las autoridades locales y desvían recursos hacia la logística del evento, lo que dificulta la protección efectiva de la niñez. Informes académicos y de derechos humanos documentan que estas condiciones facilitan la actuación de redes de trata y explotación, especialmente contra niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

En el caso de México, el contexto resulta especialmente delicado. Cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México indican que entre 2015 y junio de 2025 se registraron 2,963 víctimas de trata de personas de 0 a 17 años, de las cuales más del 70 % fueron niñas y adolescentes. La Ciudad de México —una de las sedes del Mundial— concentró alrededor del 23 % de las víctimas, con una proporción cercana al 80 % de mujeres menores de edad, por encima del promedio nacional.

Aunque el Congreso mexicano aprobó reformas a la Ley General de Turismo para reforzar la identificación de personas viajeras con menores de edad, organizaciones civiles han advertido que la sola exigencia documental no garantiza la prevención, especialmente cuando una parte relevante de las víctimas es captada desde su propio entorno familiar. Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia señalan que cerca del 29 % de las víctimas mujeres, niñas y adolescentes fueron enganchadas por personas cercanas.

Ante este escenario, HRW y otras ONG —entre ellas alianzas internacionales de deporte y derechos humanos— exigieron a la FIFA y a los comités organizadores implementar normas vinculantes de salvaguarda infantil, capacitación obligatoria para personal de seguridad y voluntariado, sistemas centralizados de denuncia, y la presencia de personal especializado en protección de la niñez en cada sede.

De forma paralela, organismos como UNICEF, asociaciones hoteleras y el Consejo Ciudadano han anunciado campañas de prevención, detección temprana y canalización de casos durante el Mundial. No obstante, Human Rights Watch subrayó que estas acciones no eximen de responsabilidad a la FIFA, como entidad organizadora, de establecer una política uniforme y efectiva de protección de la niñez aplicable en los tres países anfitriones.

Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el mensaje es claro: el Mundial 2026 no sólo es un evento deportivo global, sino también una prueba crítica de si la FIFA y los Estados anfitriones pueden cumplir sus compromisos internacionales y evitar que el torneo profundice violencias ya existentes contra niñas, niños y adolescentes.