Adelanto, 30 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México exigió una investigación al centro de procesamiento migratorio de Adelanto, en California, tras el fallecimiento de un connacional ocurrido la noche del 25 de marzo mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El consulado de México en San Bernardino fue notificado por autoridades migratorias de que el ciudadano fue trasladado a un hospital en Victorville, donde perdió la vida; hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente. Con este suceso, suman 14 mexicanos que han fallecido bajo custodia del ICE o en operaciones migratorias durante lo que va del segundo mandato de Donald Trump.
Ante los hechos, la SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que estos casos cesen y demandó una revisión inmediata del centro de detención. En un comunicado, la dependencia señaló que existen “graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”.
En otro frente relacionado con la política migratoria actual, un análisis de datos federales revisado por ProPublica revela que, en los primeros siete meses de esta administración, al menos 11 mil menores nacidos en Estados Unidos vieron cómo uno de sus progenitores era arrestado y retenido por autoridades migratorias. Esta cifra equivale a más de 50 niños afectados por día.
Por su parte, el Departamento de Justicia reconoció ante un juez federal que utilizó un argumento incorrecto para defender los arrestos de inmigrantes en tribunales. Jay Clayton, representante legal, declaró: “Nos dirigimos a ustedes con todo respeto y con gran pesar para corregir una afirmación errónea de hecho que el Gobierno presentó ante el tribunal y los demandantes”.
La admisión, presentada el pasado martes en una corte federal de Nueva York, indica que el memorando en cuestión no se aplica ni se ha aplicado nunca a las medidas de control de inmigración en el ámbito civil realizadas en o cerca de cortes de inmigración. Asimismo, el juez federal William G. Young señaló en una resolución reciente que el Departamento de Seguridad Nacional informó que, basado en un acuerdo no escrito en el último año, deportó a 6,000 cubanos a México.