Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión y dictaminación de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’ en el Senado de la República ha sido postergada, debido a la falta de acuerdos con el Partido del Trabajo (PT) y la incertidumbre sobre la disponibilidad de votos para su aprobación. La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, busca modificar cuatro artículos constitucionales en materia electoral y de austeridad republicana, incluyendo un tope presupuestal del 0.7% para los congresos locales y la reducción de regidurías y sindicaturas municipales.
Aunque inicialmente se esperaba que el dictamen se presentara este martes 24 de marzo, fuentes parlamentarias indican que la sesión fue retrasada hasta después de la Semana Santa. Este estancamiento surge tras el rechazo del PT a un punto central de la propuesta: establecer la revocación de mandato presidencial para junio de 2027, coincidiendo con las elecciones legislativas. Los laboristas consideran que esta sincronización beneficiaría electoralmente a Morena, partido al que pertenecen la mayoría de los impulsores de la reforma.
Existen versiones contradictorias dentro de la coalición gobernante sobre la viabilidad inmediata del proyecto. Óscar Cantón Zetina, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que Morena cuenta con los votos necesarios en las comisiones para avanzar. Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es consciente de que podría no alcanzar los votos requeridos en el pleno del Congreso, lo que refleja la complejidad de las negociaciones actuales.
La oposición, representada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), ha solicitado retirar la iniciativa. Paralelamente, siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala— han emitido un posicionamiento respecto a la reforma, aunque se desmienten versiones que atribuyan al organismo la autoría de algún documento específico sobre el Plan B.
El contenido de la reforma también contempla medidas de austeridad que afectan la estructura de los poderes legislativos estatales y la organización municipal. No obstante, hasta el momento no se ha hecho público un análisis técnico oficial detallado sobre el impacto presupuestal exacto de la reducción de cargos de elección popular ni sobre la aplicación del techo de gasto propuesto.
La situación permanece en espera de que se reanuden las mesas de trabajo para destrabar el punto de la revocación de mandato y definir la estrategia legislativa. Mientras no se concrete el acuerdo con el PT y se confirme la aritmética parlamentaria, el futuro del ‘Plan B’ sigue incierto en la agenda del Senado.
