Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la República de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el objetivo es contar con un marco jurídico único que permita a todas las fiscalías del país acabar con la impunidad y desarrollar políticas efectivas de prevención.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, detalló que el proyecto fue construido en conjunto con la Secretaría de las Mujeres. La propuesta establece penas de prisión de 40 a 70 años para quienes cometan este delito, sanciona la tentativa e incluye 21 agravantes. La iniciativa busca homologar el tipo penal en toda la nación para evitar discrepancias en las sentencias y criterios de investigación entre las diferentes entidades federativas.
Un punto central de la reforma es la obligación de que todas las fiscalías investiguen las muertes violentas de mujeres bajo la hipótesis inicial de feminicidio y con perspectiva de género. Esta medida pretende evitar que los casos se clasifiquen erróneamente como suicidios u otros delitos desde el inicio de las averiguaciones, asegurando una búsqueda de justicia más precisa.
El anuncio se produce en un contexto de violencia de género persistente. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 54 feminicidios en lo que va de 2026. Los datos indican una concentración de estos delitos en Sinaloa con ocho casos, seguidos por la Ciudad de México, el Estado de México y Tamaulipas, con cuatro registros cada uno.
En el ámbito legislativo, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, manifestó su total apoyo a la iniciativa. Monreal aseguró que ya había conversado con la Presidenta sobre su intención de enviar la propuesta y confirmó que la bancada de su partido la respaldará sin duda para su discusión y aprobación en el Senado.
La estrategia del Ejecutivo federal responde también a la presión social por casos recientes que han conmocionado al país, como la desaparición de la estudiante Kimberly Joselin Ramos Beltrán en Morelos. Con esta ley, el gobierno busca establecer protocolos claros y sanciones severas para frenar la violencia contra las mujeres.
